Desde “Pajinas Libres” condenamos los actos de flagrante corrupción realizados por los más altos funcionarios judiciales del Estado, como son los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y de la Corte Suprema de la República.
Respaldamos las labores de investigación de los jueces y fiscales que se han abocado a este caso de corrupción de funcionarios del sistema de justicia así como reconocemos la labor importante de la prensa independiente peruana, rechazando cualquier intento de amedrentamiento contra ésta que busque beneficiar los intereses de la corrupción en el Perú.
La crisis moral, de la cual somos testigos, es solamente “la punta del iceberg” que retrata la descomposición estructural que padecen las instituciones de la sociedad peruana, tanto públicas como privadas y responde a un modelo político, económico y cultural que incentiva el rédito inmediato sobre el trabajo orientado por una visión solidarista.
No es este, consideramos, solamente un asunto de personas o valores vistos desde una perspectiva individual, sino que las raíces del problema son más profundas y se esparcen o inciden tanto en los espacios públicos como en los privados de nuestro país.
En el caso del CNM, por ejemplo, los consejeros son elegidos, de acuerdo al artículo 155 de la Constitución, por representantes de la Corte Suprema, Fiscalía de la Nación, Colegio de Abogados, Colegios Profesionales, Universidades nacionales y privadas. ¿Ninguna de estas instituciones pudo advertir la calidad de consejeros que se estaban designando y la calidad moral o profesional de quienes iban a elegir, ratificar a promover jueces?
Es que las instituciones públicas o privadas se han convertido en entes promotores de intereses corporativos y clientelistas en donde su conformación responde a apetitos políticos o de grupo que de ninguna manera son coincidentes con los intereses del país. Además, carecen de legitimidad y su elección tiene los mismos o peores vicios que los que se le atribuyen cualquier sufragio electoral. Estamos pues, ante una crisis no solamente del Estado sino de la sociedad civil en su conjunto.
Solicitamos al Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, tomar las acciones firmes para iniciar un proceso de reforma de las instituciones del sistema de justicia. Esto implica zanjar con un Congreso gobernado por una mayoría política que defiende los intereses de la corrupción y que es expresión de la decadencia y postración moral de nuestra patria.
Seguimos comprometidos con la búsqueda de un horizonte más solidario y alternativo al actual modelo político, económico y cultural; que se oriente por el principio de participación democrática y somos optimistas en que la construcción de una patria nueva es posible.
Lima, 16 de julio de 2018