Publicación #91

Pocas poblaciones vulnerables son más impopulares que la población carcelaria y no es usual ni agradable a la opinión pública admitir que los criminales, “malhechores” y personas propensas a obrar al margen de la ley son seres humanos con derechos. La antipatía, generalmente justificada, viene de una población exhausta de vivir con miedo en contextos en los que los robos, asesinatos y violaciones son el pan de cada día y la clase política nunca duda en capitalizarla. El Derecho Penal y la política criminal son herramientas con causas nobles en papel, de proteger bienes jurídicos tan valiosos para la sociedad como nuestra propia vida, pero pocas veces se evidencia su efectividad para lograrlo. En contraste, sirven como instrumentos políticos para ganar puntos de popularidad, distraer a la población, compensar el merecido desprecio que han provocado e, incluso, justificar el quiebre de sus ordenamientos constitucionales. El presente artículo es una exposición de la realidad del populismo punitivo latinoamericano a partir de recientes experiencias en El Salvador y Perú que demuestran, independientemente de la eficacia de dichas políticas, que el derecho penal es un arma política.  

Es extremadamente fácil antagonizar a un sector de la población que granjea su propia reputación negativa a través de sus actos y, a pesar de que me podría estar refiriendo a la clase política con las mismas palabras, me refiero a quienes participan en la delincuencia sin cuello blanco ni ventajas especiales. Estas personas son los villanos perfectos para el desarrollo de un fenómeno conocido como “populismo punitivo”, el cual consiste en el uso del derecho penal enfocado en complacer a la población, especialmente a la afectada por la delincuencia, dejando de lado garantías y derechos que les corresponden a los procesados y con un efecto básicamente simbólico (Chiroque, 2022). Es decir que, las instituciones encargadas de impartir la justicia penal, están afectadas por un propósito político de generar simpatía y saciar la “sed de sangre” de la gente (comprensiblemente exhausta y desesperada por sentir justicia y seguridad). Considero que la consecuencia principal de este fenómeno, además de alimentar la precariedad del trato y condiciones en las que viven los reos, es el incentivo a nuestras autoridades a recrudecer el sistema penal con la promesa de que les será funcional para fines políticos ulteriores. 

El ejemplo más notable de la experiencia internacional latinoamericana con el populismo punitivo es la de El Salvador, liderado por el celebrado por muchos (e infame para otros) Nayib Bukele. Titulares alrededor del mundo exponen cómo El Salvador, de ser uno de los países más inseguros del mundo con 100 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015, redujo drásticamente dicha tasa y al 2022 registró tan solo 7,8 por cada 100 mil con una proyección de descenso aun más grande. El crédito de estas cifras es atribuible a la política criminal conocida como “Plan Bukele”, siendo la principal plataforma electoral del presidente salvadoreño y consistente en el recrudecimiento de la persecución de las organizaciones conocidas como “maras” (Libertad Económica, 2023). Si bien, en bruto, podemos afirmar que es positiva la reducción del crimen en El Salvador, debemos tomar en cuenta factores jurídicos y políticos que revelan que no solamente la instauración del Plan Bukele trajo consigo una aterradora violación de derechos fundamentales, sino que también sirvió de caballo de Troya para el quiebre de instituciones en el país, copamiento de poderes y experimentos económicos que ponen en riesgo la estabilidad salvadoreña.  Se sabe que, en un marco de régimen de excepción, se han producido detenciones masivas, incluyendo la de menores de edad, perseguido la libertad de prensa y ejecutado juicios masivos carentes de garantías mínimas, entre otros abusos que recopila Human Rights Watch (2022). Asimismo, la ejecución del Plan sirvió de motivo para conseguir una mayoría parlamentaria que posteriormente usaría para copar el aparato judicial y el Tribunal Electoral, consiguiendo, entre otras cosas, extremar dificultades para el ejercicio de la prensa independiente y modificaciones constitucionales para garantizar su reelección (Civicus Lens, 2021). Bukele ha sido el mejor ejemplo del uso político del derecho penal, aprovechando que el 63% de salvadoreños están dispuestos a perder un orden constitucional y aceptar un régimen autoritario con tal de mejorar la seguridad del país (Civicus Lens, 2021). El presidente, a partir de ello, tiene amplia licencia para toda clase de políticas cuestionables, como la admisión de criptomonedas en la economía nacional que le costó a El Salvador la pérdida de 65 millones de dólares (El Economista, 2022). 

El Perú no es, en absoluto, ajeno al populismo punitivo ya que el azote de la inseguridad y el crimen no ha sido desaprovechado por las autoridades y los aspirantes a serlo. La Constitución Política del Perú dispone el mandato de resocialización como fin de la pena en el inciso 22 de su artículo 139, sin embargo, se observa poca intención política de ejecutar dicho mandato. Lejos de atacar las causas subyacentes de la delincuencia, como la desigualdad económica y las falta de oportunidades, las porciones de seguridad y política criminal de los debates electorales parecen a menudo una competencia de quién puede tratar peor a los reos y delincuentes en su eventual gobierno. Un ejemplo conocido de ello es la propuesta carcelaria en 2016 de la tres veces casi presidenta, Keiko Fujimori, la cual incluía construir penales a miles de metros de altura con condiciones aun más crueles que las de Challapalca (penal conocido por sus deplorables condiciones) a pesar de que se ha advertido que tienen consecuencias contrarias a la resocialización (La Mula, 2016). 

La desesperación de los menos legitimados por aprobación popular puede también llevar a recurrir al populismo punitivo, como es el caso de la actual presidenta. Dina Boluarte, luego de ganarse el repudio popular y el calificativo de “asesina”, procuró junto a su gabinete mejorar su imagen con políticas criminales como aumentar la pena por el robo de celulares a una condena de hasta 30 años (El Peruano, 2023). Este tipo de políticas violan garantías del derecho penal, como la proporcionalidad y desvirtúan los tipos penales y su función de disuadir al potencial delincuente. Al poder penar más severamente el robo de un celular que una violación o un homicidio calificado, se desdibujan los límites que pueden determinar la comisión de un delito u otro y se diluye la función disuasiva que debe tener la ley penal.  Lamentablemente para Boluarte, arruinar dicha regulación penal no le dio muy buenos resultados, ya que su desaprobación como presidenta a diciembre del 2023 aumentó al 85% (Villarroel, 2023). 

El populismo punitivo tiene una infinidad de aristas problemáticas que se pueden abordar de mejor manera desde perspectivas político-constitucionales como también netamente penales. La naturaleza, legitimidad, compatibilidad con los derechos fundamentales, viabilidad y hasta legitimidad de las políticas hijas del populismo punitivo son tópicos de estudio y discusión amplios en extremo, sin embargo el propósito de este artículo es exponer el fenómeno del uso del derecho penal como arma política. Es sensato concluir, entonces, que la clase política aprovecha a menudo su incidencia en el derecho penal y la política criminal para mejorar la imagen de autoridades impopulares, catapultar candidaturas y reducir la fiscalización que requieren las democracias para introducir reformas de no solo carácter penal. Un horizonte ideal, en mi opinión, incluye el ataque a las causas subyacentes a la delincuencia y la mejora de los sistemas penales para generar verdaderas condiciones de resocialización, sistemas constitucionales más sólidos en los que se materialice el respeto a los derechos fundamentales y, en consecuencia, se refleje en sociedades que permitan la reducción de la inseguridad sin cosificar a seres que, guste o no, son humanos. Por lo pronto, es posible e imperativo conocer el uso del derecho penal como arma desde el populismo punitivo para ejercer nuestra ciudadanía en consciencia y evitar la seducción política que, capitalizando el hartazgo, nubla el juicio crítico. 

Bibliografía:

Chiroque Bances, M. D. (28 de Junio de 2022). La influencia del populismo punitivo en la práctica judicial. Revista oficial del Poder Judicial.

Civicus Lens. (2021). El Salvador: Democracy in trouble.

El Economista. (28 de Noviembre de 2022). El Salvador pierde 65 mdd en bitcoins.

El Peruano. (19 de Octubre de 2023). Hasta 30 años de cárcel por robo de celulares: Conoce más sobre esta nueva medida aprobada por el Ejecutivo. Diario Oficial El Peruano.

Human Rights Watch (7 de diciembre de 2022). El Salvador: abusos generalizados durante el régimen de excepción. 

Redacción La Mula . (21 de Agosto de 2016). Cárceles 4000, ¿ya conoces la propuesta de Fuerza Popular? La Mula.

Villarroel, A. (12 de Diciembre de 2023). Encuesta Datum: aprobación a Dina Boluarte cae y cierra el año con 9%. El Comercio.