Publicación #44

Las municipalidades constituyen el nivel de gobierno más cercano a la gente, dado que atienden sus problemas inmediatos: recojo de basura, ornato, áreas verdes, pistas, etc. En concordancia, los alcaldes, regidores y funcionarios municipales deberían tener ese grado de cercanía con la gente. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de cómo las autoridades ediles han gobernado los municipios como si fueran un feudo, en donde los Concejos y los organismos de control no han garantizado una efectiva fiscalización.

Es ante esta situación, por ejemplo, que en Lima Metropolitana se tuvo que emprender una demanda de rendición de cuentas para que el alcalde Castañeda explique el manejo de los recursos públicos. Pero como decíamos líneas arriba, esto no es exclusividad de nuestro burgomaestre, tanto es así que a los días de haber lanzado públicamente la campaña de recojo de firmas los promotores recibimos llamadas de otras partes del país que querían conocer mejor la iniciativa para replicarla en sus respectivas localidades.

Precisamente, la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley 26300) establece que se deben recoger firmas para que la autoridad interpelada responda un pliego de preguntas relacionadas al presupuesto público. Es un mecanismo muy poco utilizado en el Perú, al punto que a pesar de que la norma tiene 24 años de promulgada solo se han adquirido 12 kits hasta la fecha, a diferencia de la revocatoria que solo el 2017 ha significado la compra de 938 kits. Cabe aclarar que solo pueden ser sometidas a este mecanismo las autoridades municipales y regionales.

Es importante esclarecer cómo se conforman los concejos municipales. Según la legislación vigente, la lista que gana la elección tiene la mitad más uno de los regidores; esto hace que los concejales de oposición no tengan mucho margen de acción, pues iniciativas como la conformación de comisiones investigadoras, por ejemplo, dependen del voto mayoritario, que en el caso de Lima ha sido utilizado para bloquear cualquier medida fiscalizadora. A diferencia de otros espacios de representación política como el Congreso de la República o los consejos regionales, en los concejos municipales esa mayoría automática hace que los alcaldes pocas veces tiendan puentes hacia otros sectores que también conforman la máxima instancia del gobierno local.

Por otro lado, ni la Ley Orgánica de Municipalidades ni el Reglamento Interior del Concejo establecen plazos para que la administración responda los requerimientos hechos por los regidores. Al no estar definido esto, los funcionarios del alcalde Castañeda simplemente no responden los pedidos de información. Incluso, puedo dar fe de que se han negado a atender pedidos realizados en amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lima tiene un alcalde que no convoca cabildos abiertos, no participa de las sesiones de Concejo, no explica cuáles son sus planes de gestión y nunca “recuerda” cuánto es que cuestan las obras que realiza su administración; tenemos, pues, un alcalde con poca exposición mediática, y que cuando aparece se muestra absolutamente intolerante con la crítica y los cuestionamientos, llegando al punto de protagonizar acaloradas discusiones con más de un periodista.

Pero no se trata de un estilo de gobernar, como benevolentemente afirman algunos analistas cuando emiten opinión sobre la manera de cómo Luis Castañeda Lossio maneja la Municipalidad de Lima. En realidad, se trata de hacer del secretismo y la falta de transparencia una práctica política y de gobierno.

Es en este contexto que la demanda de rendición de cuentas emprendida por la iniciativa “Habla Castañeda” tiene una vital importancia. Si bien esta interpelación ciudadana solo debe ceñirse por Ley al aspecto presupuestal, ha ayudado a sacar hacia afuera el debate de la administración municipal y los problemas de la ciudad que, precisamente, el alcalde Castañeda quería mantener en un Concejo casi clandestino pues no transmiten sus sesiones, se dificulta el acceso de la prensa, no se informa de sus decisiones, etc.

De esta manera, “Habla Castañeda”, y sobretodo los sectores vecinales que se han ido articulando en esta campaña que busca transparentar las cuentas del municipio, se han convertido en ese contrapeso que el Concejo lamentablemente no es y que resulta fundamental para cualquier sociedad que se precie de democrática.