Publicación #36

La crisis que vive nuestro país me encuentra esta vez lejos de casa. Sin embargo, la distancia física no solo nos pone más nostálgicos, sino que nos genera en contextos como este, una enorme carga de responsabilidad por lo que somos y anhelamos ser como país en el futuro. Lamentablemente, los sucesos de las últimas horas son casi el desenlace “natural” de un sistema estructural que acoge en su seno una serie de inconsistencias que no hemos sabido superar a lo largo del proceso de transición, luego de la caída del régimen de Fujimori. Para facilitar su lectura, ordenaré mi presentación en cinco puntos, los tres primeros pueden asumirse como diagnósticos, los dos últimos, recogen propuestas o ideas abiertas frente a la crisis que vivimos.

1. La crisis expresa un proceso de descomposición del sistema político en su conjunto. Desde el modelo de los partidos, su financiamiento, la ausencia de reglas sobre su propia estructura interna (que permite que al amparo de la Ley se hagan una serie de simulaciones, que van desde el recojo de firmas a través de empresas, hasta la falsificación burda o el remedo de democracia interna que nadie toma en serio). La crisis también pone a prueba, nuestro confuso y, a veces, absurdo modelo de relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Un modelo Presidencial pero que, no obstante, deja en absoluta orfandad al Presidente frente a los embates de una mayoría parlamentaria a la que poco le interesa la gobernanza democrática y el juego limpio en las relaciones de poder, como se ha visto en este corto periodo del gobierno de PPK. La transición tampoco ha sido capaz de introducir cambios a la estructura de la organización del Parlamento, pese a que se ha podido constatar la importancia de dos cámaras, precisamente para un mejor control de los excesos que se han podido ver en el accionar de la actual mayoría congresal. El control del financiamiento de los Partidos ha sido otra deuda pendiente que ahora cobra relevancia a la luz de la crisis. Es una crisis que, desde luego, pudo prevenirse e incluso evitarse, si hubiéramos sido capaces de mejorar la calidad de la democracia interna de los partidos y, sobre todo, si no nos hubiéramos contentado, durante la transición, con este modelo de “partidos” que ya vemos la calidad de “representantes” que es capaz de llevar al Congreso y que, ya lo veremos, no garantiza ninguna estabilidad frente a la crisis que vive el país.

2. Se trata de una crisis profunda de estructuras y, en consecuencia, no se soluciona con simples sucesiones de mando. La Constitución establece frente a situaciones como los que ahora se han presentado, una respuesta formal: la sucesión en el mando. Sin embargo, no se trata de leer la Constitución. Una encuesta reciente revela un primer dato: el 81% de los peruanos no sabe quién es Martín Vizcarra. Cuando no hay vida partidaria, cuando no hay sistema de partidos, los vicepresidentes suelen ser, o quienes ponen dinero en la campaña o quienes, por su inmediatez, se piensa, pueden endosar votos al candidato presidencial. En sentido material y no solo formal, nadie ha elegido a Martín Vizcarra. Es una figura que particularmente tiene algo de experiencia política y, un perfil de liderazgo provinciano, al que puede apelar en busca de legitimidad que la necesitará, pero pudo ser cualquier figura mediática de la televisión de espectáculos o, algún empresario en busca cercanías con el poder.

Este es un dato por demás relevante, en la medida que se trata de un cambio que, si bien, sigue reglas pre establecidos y aparentemente democráticas en sus formas, se trata, sin embargo, de una sucesión que devela una estructura de poder profundamente antidemocrático y peligrosamente ilegítimo de cara al pueblo soberano: Un desconocido se hace del poder para “salvar” la democracia que ha sido puesta en apuros desde el propio Parlamento. La crisis muestra así la precariedad de nuestro sistema político y también permite constatar, por enésima vez, que no son las reglas las que hacen un sistema político fuerte, sino las prácticas y la cultura democrática que en nuestro país no ha calado en nuestra clase política en lo que llevamos de vida republicana.

3. Es una crisis que, expresa también, la crisis del modelo constitucional impuesto por el Fujimorismo luego del golpe de 1992. Pese a las importantes reformas a la Constitución de 1993 y, sobre todo, a la mutación producida a través de importantes decisiones del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de San José; el modelo se ha mantenido incólume en dos aspectos que hoy se han revelado como una grave amenaza para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia constitucional. El primero, ya lo hemos perfilado de algún modo: la estructura del estado y, en particular, el modelo de relaciones entre Parlamento y Ejecutivo. Hay, sin embargo, un elemento nuclear del modelo constitucional de 1993: la constitucionalización de una cierta doctrina económica como es el neoliberalismo. En la doctrina neoliberal, las instituciones que deben garantizar los excesos del mercado o que deben cuidar los bienes comunes, suelen ser vistos más bien como interferencias en la actuación de los privados.

Para la doctrina neoliberal, que se ha entronizado en la Constitución, los servicios públicos más elementales como la luz, el agua, las vías de comunicación, los puertos y aeropuertos pueden y deben ser pasados, vía concesión, a los privados para ofertarse en el mercado sin mayores controles ni supervisiones sobre su idoneidad y su accesibilidad en igualdad de condiciones. Por eso hay pueblos enteros sin servicios básicos, pues las leyes del mercado no logran coberturas para todos y, por eso también, las obras más importantes son puestos en el mercado de la oferta y la demanda que, sin una institucionalidad mínima respecto de las reglas de la contratación pública, se convierten en un estímulo permanente de corrupción a nivel nacional.

De este modo, la doctrina neoliberal en un contexto de escasa o nula institucionalidad se convierte en un peligroso promotor de la desigualdad, el crimen y la corrupción. Es también la lógica del mercado (de las oportunidades) el que se coloca en el corazón del sistema político. Los candidatos compran un producto escaso llamado escaño, “optimizan su rendimiento” durante su paso por los cargos públicos y, de este modo, la vida pública ha sido cooptada por la lógica del mercado, en desmedro de la calidad de las instituciones de la democracia.

Vistas bien las cosas, todo el caso “lava jato” se presenta, al menos entre nosotros, como el develamiento de un sistema de cooptación del poder público por parte del poder corrupto de las grandes empresas, generalmente trasnacionales, que han encontrado en el aparato estatal, una forma de hacer negocios, sin controles y, también, de manera impune, en la medida que como se ha puesto en evidencia en las investigaciones que se vienen realizando, han podido capitalizar incluso las coimas y el pago de cualquier sobre costo que presupone un sistema sofisticado de corrupción que convive en las estructuras mismas del propio sistema.

Llegados a este punto, tenemos una imagen, al menos general, de los problemas profundos que deben ser analizados debidamente en busca de soluciones estratégicas y no solo oportunistas o coyunturales para esta crisis.

4. Creo que la primera y más importante, tiene que ver con la participación ciudadana. Es una crisis que debe movilizar a la ciudadanía.   El primer derecho, como se ha dicho en un sistema democrático, es el derecho a la manifestación, expresión y participación política en sentido amplio. En un contexto de crisis de los partidos y de profunda corrupción, precisamente de esa clase política, los canales habituales de la participación política suelen estar todos contaminados. Solo la calle está limpia para expresar de manera genuina nuestros verdaderos derechos ciudadanos y nuestra legítima indignación.

Por ello, no llevan razón quienes insinúan de manera formalista y conservadora, señalando que la única respuesta constitucional a la crisis es la sucesión. Esta es una invitación al inmovilismo frente a la gravedad de la crisis de que estamos siendo testigos directos. Hay que preparar el momento de cambios al que tenemos legítimo derecho a aspirar si en verdad queremos superar esta crisis. Hay que preparar el despertar de un momento constituyente que nos permita la refundación de la república y eso solo es posible acompañado de grandes manifestaciones del pueblo. Eso es también Derecho con mayúscula. Es en verdad el verdadero derecho que nos puede conducir más tarde a pensar en una sociedad de iguales y con una democracia estable. Nada bueno vendrá si solo nos colocamos frente al televisor a mirar el noticiero que transmite la sucesión.

Hay quien se asustan porque mantienen la idea, equivocada, que Derecho significa actitud pasiva y expectante. Derecho significa sentirnos titulares de derechos, actores directos, sujetos con autonomía suficiente para decidir nuestro destino como pueblo. Lo otro es sentirnos objeto del poder, manipulables y pasivos receptores de órdenes y mandatos de la autoridad. El derecho a la protesta es fundamental en los momentos de crisis como la que vivimos.

5. Otra idea que también rescato como fundamental es el rol de las instituciones de la Justicia. No debemos perder de vista que se trata de una crisis que tiene su punto álgido en la violación de la legalidad, en la ilicitud en que han incurrido quienes recibieron el poder del pueblo y lo traicionaron, ya sea desde el gobierno ya sea en el Parlamento. Es una crisis que se sustenta, fundamentalmente, en una serie de hechos delictivos cometidos por depositarios del poder político.

En un contexto de estas características, la vigilancia ciudadana tiene también que acompañar la actuación de los jueces y fiscales, exigiendo que se respeten escrupulosamente las reglas del debido proceso y que nadie pretenda alterar su sagrada independencia. Solo la debida actuación de la justicia puede devolvernos la confianza en el sistema democrático, por lo que la actuación correcta de la justicia se convierte en una necesidad ineludible para la superación de la crisis.

El mayor riesgo en este sentido es el pacto por la impunidad por parte de quienes hoy ejercen poder en las distintas instancias del Estado. Hay que ver aquí, cuánto de esta crisis no ha sido también promovida por quienes, en el momento actual, saben de su delicada situación frente al avance de las investigaciones en los casos de corrupción. Por ello, resulta fundamental tener sumo cuidado frente a cualquier amenaza de descontrol de la crisis, en la medida que existen potenciales beneficiarios en el poder, que puede sacar provecho de cualquier desenlace en esta dirección.

Una ciudadanía vigilante, no significa, por cierto, una turba descontrolada. Tener conciencia de nuestros derechos y ejercerlos, especialmente en estos contextos, no sugiere por ello ninguna irresponsable invitación a sembrar el caos o el desgobierno, en la medida que a nadie beneficia más un escenario tal, sino a quienes precisamente nos han conducido a esta crisis: los corruptos.

Vistas así las cosas, todavía podemos ser optimistas frente a la crisis. Si esta crisis logra movilizar a todo el país, pueden generarse las condiciones para pensar en cambios sustantivos en la organización del Estado y de la economía, que están en la base de esta profunda crisis que una vez más nos ha tocado las puertas de la peor manera.

Brescia, marzo de 2018

Pedro P. Grández Castro

Profesor Ordinario en las Facultades de Derecho de la UNMSM y de la PUCP.

pgrandez@pucp.pe